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Marc Apple abre su reciente ensayo con una escena que cualquier abogado dominicano reconocerá de inmediato: el cliente llega a la consulta, en persona o por WhatsApp, y en algún punto de la conversación confiesa que ya sometió su problema a “Cha Chipichi” o a alguna otra herramienta de inteligencia artificial generativa. Trae la respuesta impresa, o la conserva en el teléfono, y formula la pregunta que define el momento profesional que vivimos: “¿Esto es correcto?” (Apple 2026). La tesis del autor es que la profesión sigue hablando de la inteligencia artificial en tiempo futuro cuando el fenómeno ya opera en tiempo presente, y que la respuesta del abogado a esa pregunta constituye, bien manejada, la demostración más eficaz de su valor. Este ensayo examina esa tesis desde la realidad del ejercicio del derecho en la República Dominicana, donde el fenómeno es idéntico pero sus riesgos son sensiblemente mayores.

Un precedente conocido y una diferencia decisiva

Apple recuerda que la profesión estadounidense ya vivió algo parecido cuando LegalZoom, Nolo y los portales de autoayuda judicial pusieron formularios y guías al alcance del público. Los abogados no dejaron de ejercer; aprendieron a preguntar mejor en la entrevista inicial y a distinguir con rapidez entre lo que el cliente había entendido bien y lo que debía corregirse (Apple 2026). En la República Dominicana el equivalente fue más informal: el formulario descargado de un foro, el modelo de contrato que circuló entre colegas, el consejo del “abogado de la esquina” que en realidad no lo era. El patrón se repite, pero, como advierte Apple, con una curva más acelerada y con una herramienta que se expresa con mayor seguridad.

Esa diferencia es el núcleo del problema. El cliente que descargaba un formulario sabía que tenía un formulario. El cliente que somete su caso a un modelo de lenguaje recibe lo que parece un dictamen jurídico razonado, con citas aparentes y estructura lógica, redactado sin una sola expresión de duda. Apple lo resume con precisión: hemos vuelto a la era del “si está en internet, debe ser cierto”, salvo que ahora internet redacta en oraciones completas y cita jurisprudencia (Apple 2026).

Por qué el riesgo es mayor en el derecho dominicano

Aquí conviene apartarse del texto de Apple para señalar lo que su análisis, pensado para el mercado estadounidense, no contempla. Los grandes modelos de lenguaje se entrenan sobre el corpus de texto disponible en internet. El derecho de los Estados Unidos está representado en ese corpus de forma masiva: sentencias federales y estatales, tratados, revistas jurídicas, comentarios de práctica. El derecho dominicano, en cambio, tiene una huella digital exigua. Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional existen en línea, pero no con el volumen ni la estructuración que permite a un modelo generalista absorberlas con fidelidad. La doctrina nacional circula en buena medida en ediciones impresas de tirada limitada.

La consecuencia práctica es una asimetría de riesgo que todo abogado dominicano debe tener presente. Cuando un cliente consulta a un modelo generalista sobre una partición sucesoral, una demanda en cobro de pesos, un saneamiento inmobiliario bajo la Ley 108-05 o un desalojo, el modelo tiende a rellenar los vacíos de su conocimiento con lo que sí conoce: derecho español, derecho mexicano, derecho argentino o, con frecuencia, derecho norteamericano traducido. El resultado puede parecer perfectamente dominicano en su vocabulario y ser sustantivamente ajeno en su contenido. La herramienta no advierte al usuario que está extrapolando. Simplemente responde.

El fenómeno se agudiza con la diáspora. Una porción significativa de la clientela de los bufetes dominicanos reside en Nueva York, Nueva Jersey, Florida o Madrid, y consulta sobre herencias, inmuebles y sociedades en el país desde el extranjero, muchas veces en inglés. Esos clientes están aún más expuestos a recibir del modelo una respuesta construida sobre premisas del derecho del estado donde residen, con la confianza añadida de que la herramienta “conoce” su situación. El abogado dominicano que atiende a ese cliente hereda no solo un problema jurídico sino una capa de desinformación con apariencia de solvencia.

El argumento de la accountability, ilustrado desde arriba

Apple sostiene que el temor a la erosión de las horas facturables, aunque legítimo, parte de una premisa falsa: que el contenido generado por la máquina hace lo mismo que hace el abogado. Para desmontarla acude a un caso reciente: Sullivan & Cromwell, uno de los despachos más prestigiosos del mundo, se vio obligado a disculparse ante un tribunal de quiebras de Nueva York por haber presentado un escrito con citas jurisprudenciales inexistentes y referencias normativas erróneas generadas por inteligencia artificial, pese a contar con políticas de uso obligatorias y capacitación documentada para cada abogado con acceso a las herramientas (Apple 2026; Legal IT Insider 2026). Si eso ocurre en una firma con esa infraestructura de control, el cliente que trabaja solo con una herramienta gratuita carece de toda protección.

La lección para el foro dominicano es doble. Primero, ninguna firma, por pequeña que sea, puede permitirse incorporar la inteligencia artificial a su flujo de trabajo sin un protocolo de verificación humana de cada cita, cada artículo y cada precedente. Segundo, y más importante para la relación con el cliente, lo que el abogado ofrece y la máquina no puede ofrecer es exactamente lo que falló en aquel escrito: responsabilidad profesional. El abogado dominicano responde ante el Colegio de Abogados conforme a la Ley 91-83 y al Código de Ética del Profesional del Derecho, responde civilmente ante su cliente y, en casos extremos, responde penalmente. La herramienta no responde ante nadie.

Del redactor al juez de lo redactado

La sección más sustantiva del ensayo de Apple describe un desplazamiento del rol profesional. Durante buena parte de la historia moderna del derecho, una porción considerable del valor del abogado residía en producir cosas: contratos, escritos, investigación, análisis. La inteligencia artificial produce hoy primeros borradores de casi todo ese material con rapidez y a bajo costo. Lo que no puede hacer es evaluar lo producido en contexto: ponderar una estrategia frente al juez concreto apoderado del asunto, reconocer que la respuesta técnicamente correcta es una que el cliente no seguirá en la práctica, o decirle al cliente lo que no quiere oír y sostenerlo (Apple 2026).

En la República Dominicana ese desplazamiento tiene matices propios. El proceso dominicano conserva un formalismo heredado de la tradición francesa donde la forma del acto, los plazos, la competencia territorial y la correcta notificación por ministerial deciden con frecuencia el resultado antes de que se discuta el fondo. Un borrador impecable en su argumentación puede ser nulo por un defecto de forma que el modelo jamás detectará porque nunca leyó suficientes actos de alguacil. A ello se suma la función notarial regida por la Ley 140-15, donde la fe pública es indelegable y donde la intervención del notario no es una formalidad sustituible por texto bien redactado. La inteligencia artificial puede preparar el borrador de un acto; no puede autenticarlo, ni advertir al compareciente, ni responder por él.

Existe además un conocimiento tácito que no está escrito en ninguna parte y que por tanto ningún modelo pudo aprender: cómo opera en la práctica determinado tribunal de tierras, cuánto tarda en realidad una ejecución inmobiliaria en cierta jurisdicción, qué expectativas razonables cabe tener ante un registro de títulos particular. Ese saber, acumulado en décadas de ejercicio, es precisamente lo que el cliente compra y lo que la herramienta vuelve más visible por contraste.

El marco normativo que el bufete no puede ignorar

Apple aconseja transparencia sobre el uso interno de la inteligencia artificial y la presenta como un diferenciador (Apple 2026). En el contexto dominicano esa transparencia no es solo estratégica sino jurídicamente prudente. El país no cuenta todavía con una ley integral sobre inteligencia artificial; al cierre de la legislatura de 2025 se encontraban en comisión al menos ocho proyectos sin informe rendido, y el uso de la tecnología se rige por normas colaterales, en particular la Ley 172-13 sobre protección de datos personales, las leyes 65-00 y 20-00 en materia de propiedad intelectual y la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología (El Caribe 2025).

Esa ausencia de ley específica no equivale a ausencia de obligaciones. El abogado que introduce datos de un cliente en una herramienta de acceso público realiza un tratamiento de datos personales en el sentido de la Ley 172-13 y, según los términos de servicio de la herramienta, puede estar transfiriéndolos a servidores fuera del país y autorizando su uso para entrenamiento del modelo. El secreto profesional, tutelado tanto por el Código de Ética como por el artículo 378 del Código Penal, no admite esa fuga, ni siquiera por comodidad. Un bufete serio necesita una política escrita que distinga entre herramientas de consumo y herramientas de grado profesional con garantías contractuales de confidencialidad, y que prohíba el uso de las primeras con información identificable del cliente. Convendrá igualmente incorporar al contrato de cuota litis o de servicios una cláusula que informe al cliente sobre el uso de inteligencia artificial en la firma y los controles aplicados.

¿Qué hacer cuando el cliente llega con el dictamen de la máquina? Cuatro recomendaciones prácticas de Apple que se trasladan al bufete dominicano con pocos ajustes y con una advertencia adicional.

Reconocer el esfuerzo del cliente sin hacerlo sentir ignorante. El cliente intentó informarse, y esa es una buena disposición; si se le juzga por haber usado la herramienta, la próxima vez no lo dirá, lo cual es peor (Apple 2026). En una cultura profesional donde persiste cierta verticalidad en el trato con el cliente, esta recomendación pesa más que en el mercado anglosajón.

Recorrer el documento con el cliente, señalando qué acertó, qué erró y por qué la diferencia importa. Apple describe este ejercicio como la parte de mayor valor de la consulta, porque exhibe en tiempo real la clase de juicio que la máquina no replica (Apple 2026). En la República Dominicana ese recorrido tiene un rendimiento extraordinario precisamente por la asimetría descrita: con frecuencia bastará mostrar que la “jurisprudencia” citada no existe en el repertorio de la Suprema Corte, o que el “artículo” invocado corresponde al Código Civil español y no al dominicano, para que el cliente comprenda de golpe la distancia entre una respuesta plausible y una respuesta correcta.

La transparencia sobre el uso interno, ya tratada. La cuarta es integrar la conversación sobre inteligencia artificial al posicionamiento de la firma antes de que se convierta en un problema. El abogado que no puede hablar con soltura sobre lo que la herramienta hace bien, dónde falla y qué aporta él que ella no puede aportar, tendrá cada vez más dificultad para explicar por qué el cliente no debería limitarse a usarla (Apple 2026).

La advertencia adicional es esta, . . . en el mercado dominicano el cliente que llega con un dictamen de la máquina suele llegar también con una expectativa de honorarios reducidos, porque cree que “el trabajo ya está hecho” y solo necesita una revisión. El bufete debe estar preparado para explicar, sin defensividad, que la revisión de un documento generado por inteligencia artificial sobre derecho dominicano es con frecuencia más laboriosa que la redacción desde cero, porque exige identificar y desmontar premisas ajenas antes de construir las correctas. Fijar honorarios adecuados para ese trabajo no es resistirse a la tecnología; es valorar correctamente el servicio que la tecnología ha hecho necesario.

Una clarificación, no una crisis

Apple cierra con una idea que merece hacerse propia. Durante mucho tiempo parte del valor del abogado estuvo incrustado en la dificultad de las tareas mismas: investigar era difícil, redactar tomaba tiempo, el acceso a las fuentes requería formación y recursos. El trabajo era el foso que protegía a la profesión. Ese foso es hoy más bajo, y en ese entorno emerge lo que siempre estuvo debajo: el juicio del abogado, su responsabilidad ante el cliente, su capacidad para navegar la ambigüedad y su disposición a decir lo que debe decirse aunque no sea lo que el cliente desea oír (Apple 2026).

Para el bufete dominicano esa clarificación llega con un componente adicional de urgencia y de oportunidad. De urgencia, porque la brecha entre lo que la herramienta cree saber sobre nuestro derecho y lo que efectivamente sabe es más ancha que en los mercados donde el fenómeno se ha estudiado, y el cliente no tiene forma de percibirla por sí mismo. De oportunidad, porque esa misma brecha convierte al abogado dominicano competente, que conoce su jurisprudencia, su procedimiento y sus tribunales, en el único intermediario capaz de transformar un texto plausible en un consejo confiable. La inteligencia artificial no ha reducido el valor de ese abogado. Lo ha hecho, por fin, evidente.

~ C. Constantin Poindexter Salcedo, MA, JD, CPCU, AFSB, ARe, ASLI, AIS, AINS, CPLP, certificación OSINT CISA/NCISS, Diplomado Negociación Estratégica de Harvard

Referencias